El crédito en Panamá está bajo la lupa. La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) lanzó un comunicado de alerta sobre el Proyecto de Ley No. 388, el cual busca facilitar la prescripción de deudas por vía administrativa. Según el gremio, esta iniciativa no solo es de dudosa constitucionalidad, sino que podría romper la confianza del sistema financiero al premiar a quienes evaden sus compromisos y penalizar indirectamente a quienes se esfuerzan por pagar o reestructurar sus deudas.
Para el ecosistema emprendedor, el mensaje es crítico: si el riesgo del sistema sube, las llaves del financiamiento podrían cerrarse o volverse mucho más costosas.
Lo que debes tener en el radar:
Incentivo al impago: La ABP teme que la ley motive a deudores a "esperar" a que la deuda expire para borrar su historial, creando una competencia injusta frente a quienes sí cumplen con sus compromisos.
Encarecimiento del crédito: Al aumentar la incertidumbre jurídica, los bancos podrían responder con tasas de interés más altas o requisitos de aprobación mucho más estrictos para nuevas pymes y familias.
Caos administrativo: El proyecto propone una ruta de prescripción ante la Superintendencia de Bancos que duplicaría procesos con el sistema judicial, generando costos y confusión adicional.
Cultura de pago en juego: La estabilidad bancaria panameña depende de la responsabilidad compartida; debilitar este pilar afecta directamente la liquidez disponible para préstamos de vivienda y emprendimiento.
El balance final: El acceso al capital es la gasolina de cualquier negocio. Si esta ley altera las reglas del juego, los emprendedores podrían enfrentar un escenario donde obtener un préstamo para capital de trabajo sea una misión casi imposible. La banca apuesta por el diálogo técnico para proteger al consumidor sin destruir la seguridad jurídica que permite que el dinero fluya hacia los sectores productivos de Panamá.